La ONIC visita Oslo

INDÍGENAS SE REÚNE EN OSLO CON MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,

A PROPÓSITO DE VISITA DE LA PRIMERA MINISTRA DE NORUEGA EN COLOMBIA

"No se puede proteger el bosque, si no se protege los territorios y pueblos indígenas"

Ginebra suiza, 10 abril de 2018

La delegación de ONIC en Oslo Noruega el día 5 abril, se reunió con funcionarios del Ministerio de Relaciones exteriores de Noruega PerKratian Roer, responsable de Colombia sección de América Latina, Ministerio de relaciones Exteriores;Jhon  PetterOpdahl,  Embajador entrante  en Colombia;Anne Heidi  Kvalsoren, representante de paz para el Proceso de Paz en Colombia; Con el propósito de hacer incidencia sobre la contribución escrita presentada por ONIC en el marco del  Examen  Periódico Universal- EPU-Colombia,  el cual expone por primera vez,  la situación de los Pueblos indígenas en relación  a los temas de: derechos humanos, proceso de paz, derechos territoriales  y derecho  fundamental  a la consulta y consentimiento previa libre e informado; y en particular  grave situación  que enfrenta  el Pueblo Nukak, caso emblemático que representa la grave situación de todos los pueblos ancestrales en Colombia.

Por otra parte,  visibilizar  aspectos relevantes  para la ONIC,  a propósito de la visita de la primera Ministra de Noruega Erna Solber  a Colombia los días 9 al 13 Abril.

Entre los temas abordados se destacan los siguientes: 

1. La importancia de darle  continuidad de Proceso de paz, garantizar  la implementación integral de los acuerdos  en especial  el Capítulo Étnico,  que generé las condiciones para el funcionamiento la  CSIVI comisión de  seguimiento, impulso,  verificación a la implementación del acuerdo final, así como la Instancia especia de Alto Nivel  Pueblos Étnicos. 

2. La necesidad de generar un mecanismo conjunto entre países cooperantes y la sociedad civil para el seguimiento y verificación de los fondos para la paz; así como crear mecanismos e indicadores que garanticen la participación directa los Pueblos indígenas en estos fondos, así como asignación específica de recursos presupuestales para Pueblos Indígenas.

3. Incluir en el marco de la “Declaración  Conjunta de intención  entre el Gobierno de la república de Colombia, Gobierno Noruega, república federal de  Alemania, y gobierno  del Reino Unido de Gran Bretaña e irlanda el Norte, sobre Cooperación para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de la deforestación, degradación  de los bosques y  “promover el desarrollo sotenible en Colombia”, un hito sobre  la seguridad jurídica de los territorios indígenas y la participacion directa  de los Pueblos Indígenas para la construcción de agenda y politica ambiental , así como la participación directa en los fondos del Clima.

"No se puede proteger el bosque, si no se protege los territorios y Pueblos Indígenas".

#ColombiaSeRajaEn

#500OrganizacionesHablan

#EPUColombiaIndigena

COLOMBIA SE RAJA EN DERECHOS HUMANOS

COLOMBIA SE RAJA EN DERECHOS HUMANOS,

CONCLUYEN 500 ORGANIZACIONES SOCIALES

Bogotá, jueves 5 de abril de 2018.

Coalición de 500 Organizaciones sociales de todo el país presentaron el día de ayer a la opinión pública, el informe que prepararon como insumo para el Examen Periódico Universal – EPU, al que se someterá Colombia el próximo 10 de mayo en Ginebra Suiza, en la Organización de las Naciones Unidas, ONU.

La Presentación del Informe por parte de la Sociedad Civil ante la ONU tendrá lugar el día 13 de abril a las 10 a.m. desde Ginebra Suiza, (2:00 a.m. hora Colombia). #500OrganizacionesHablan.

El Examen Periódico Universal, EPU, es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas que tiene como propósito hacer un seguimiento país a país, de cada uno de los 193 miembros de la ONU, con el objeto de mejorar la situación de derechos humanos en el terreno. El Examen se realiza cada cinco años para cada país y este será el tercer ciclo de Examen a Colombia.

El informe de las organizaciones de la sociedad civil colombiana, es un esfuerzo coordinado de análisis y sistematización de información suministrada por alrededor de 500 organizaciones sociales, relativa al periodo comprendido entre 2013 y 2017. Consta de 11 capítulos y 25 temas, que recogen la situación de derechos humanos en el país identificando las afectaciones diferenciadas para mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas en condición de discapacidad, pueblos indígenas, afrodescendientes y población LGBTI. De igual forma, hace seguimiento a las recomendaciones por países emitidas en el anterior ciclo del EPU.

El informe parte de destacar que la firma del Acuerdo de Paz ha significado un alivio humanitario que, según datos del Cerac, ha evitado la muerte de alrededor de 2.300 personas. No obstante, señala que persiste el conflicto y los demás actores continúan infringiendo el Derecho Internacional Humanitario a través del desplazamiento forzado, el confinamiento, bombardeos, reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, el irrespeto a la objeción de conciencia, la violencia sexual, el secuestro y los ataques a bienes y personas protegidas. Se estima que entre 2013 y 2016, entre 600 y 700 mil personas han sido desplazadas, según el Internal Displacement Monitoring Center y la Unidad Nacional de Víctimas. 

El estado actual de implementación del Acuerdo de Paz entre el gobierno y las Farc avanza en medio de obstáculos e incumplimientos por parte del gobierno, afirma el informe. Un ejemplo de lo anterior es que, según datos del Mecanismo de Monitoreo y Verificación del Acuerdo de Paz, de las 38 Zonas de Paz, antes Zonas

Veredales Transitorias de Normalización, solo seis se construyeron totalmente. Por otra parte, persiste la falta de garantías de seguridad para los excombatientes. Hasta septiembre de 2017, 32 de ellos fueron asesinados según lo ha denunciado la antigua guerrilla.

En materia de restitución de tierras, punto neurálgico de la política de atención a víctimas, de la meta de 400 mil familias restituidas trazada por el Estado en la Ley 1448 de 2011, a agosto de 2017 solo se ha iniciado trámite de restitución para 19.822 familias y solo 5.400 cuentan con sentencia de restitución, es decir, cerca del 2% del total de víctimas y 25% de las inscritas en el Registro Único de Víctimas RUV. A pesar de que en el Acuerdo de Paz se pactó un capítulo étnico, no se han habilitado espacios adecuados de concertación con afrodescendientes y pueblos indígenas, ni se han adoptado las medidas en él contempladas para la satisfacción de sus derechos.

La persistencia del paramilitarismo y la negativa del Estado a admitirlo es otro de los aspectos que señala el informe destacando cómo el gobierno ha insistido en enmascarar su carácter de actor del conflicto armado, así como sus vínculos con poderes locales y agentes de la fuerza pública, bautizándolos con otros nombres como Bandas Criminales, Bacrim, Grupos Armados Organizados, GAOS o Grupos Delictivos Organizados, GDO. No obstante, se ha documentado la existencia de 13 estructuras que conservan las características del paramilitarismo y siguen actuando en 344 municipios de 31 departamentos, según datos de INDEPAZ recogidos en el informe.

Estos grupos armados siguen siendo uno de los principales factores de amenaza para líderes y lideresas sociales, defensoras y defensores de derechos humanos, quienes entre 2013 y 2017 fueron víctimas de, al menos, 276 asesinatos y 174 atentados. El 69% de las víctimas de ataques habita en las zonas rurales y ejercen liderazgos locales y el 25% de las personas afectadas pertenece a pueblos y comunidades étnicas. 29 de los asesinatos fueron contra líderes y defensores LGBTI, 61 indígenas, 41 mujeres y 20 afrodescendientes.

Pero no solo el conflicto sigue cobrando vidas de manera violenta en Colombia. Entre 2013 y 2016 cerca de 2.810 personas murieron fuera de combate a causa de la violencia sociopolítica. En los 1.128 casos donde se conoce el presunto autor, en el 69,93% se atribuye la responsabilidad al Estado y en el 29,87%, a las guerrillas. El 24,96% eran mujeres y el 17,1% eran niñas, niños o adolescentes. Por otra parte, entre 2013 y 2016 se registraron 595 detenciones arbitrarias por parte de agentes del Estado.

En materia de derechos civiles y políticos también persisten: el hacinamiento carcelario que en 2017 se ubicó en un 50,1% según datos del INPEC; las detenciones arbitrarias, 595 entre 2013 y 2016; el desconocimiento por parte del gobierno y de la rama judicial del derecho a la objeción de conciencia, lo que hace que el requisito de la libreta militar siga obstaculizando el derecho al trabajo; el uso ilegal de la inteligencia estatal, con existencia de herramientas sofisticadas e invasivas que funcionan de forma ilegal como la Plataforma Única de Monitoreo y Análisis, PUMA; la estigmatización, criminalización y represión violenta de la protesta social, esta última se expresa en la actuación de miembros del ESMAD involucrados en al menos 20 ejecuciones extrajudiciales, 780 detenciones arbitrarias, 3.000 casos de lesiones personales y 80 de tortura.

El Estado Colombiano sigue en deuda con los derechos a la igualdad y la no discriminación de las mujeres, la población LGBTI, las personas con discapacidad. En 2016, las mujeres representaron el 86,21% de los casos de violencia por parte de su pareja o expareja, entre 2013 y 2016, 440 personas LGBTI fueron asesinadas, y en 148 casos, el hecho tuvo relación con prejuicios hacia su orientación sexual.

La situación de derechos fundamentales y colectivos que enfrentan los pueblos indígenas es muy grave en materia de: violaciones a derechos humanos e infracciones al DIH, derechos territoriales, consulta previa en el contexto del Pos Acuerdo; así como el caso emblemático del Pueblo Nukak, uno de los últimos pueblos nómadas del país; su población no supera las 600 personas por causa del conflicto armado por el control de sus territorios se encuentran en grave riesgo de exterminio físico y cultural; Dentro de las lamentables cifras solo en el tema de DH, entre el 1 de noviembre de 2016 y el 31 de octubre de 2017, hubo 38 indígena líderes y lideresas comuneros asesinados, 122 indígenas desplazados, 827 en confinamiento, 3800 indígenas desplazados; del año 2014 al 2016 cerca de 11644 violaciones a los DH y al DDHH. El 62, 7% de los Pueblos se encuentran en riesgo de extinción, de estos 35 en inminente riesgo y tiene medidas de protección especial con el auto 004 de 1994 de la Corte Constitucional.

La impunidad es otro de los aspectos que preocupan a las organizaciones sociales que presentan el informe como insumo para el EPU 2018 a Colombia. En casos como la desaparición forzada, de 4.578 procesos abiertos por este delito solo el 0,9% se encuentran en juicio y el 0,42% en ejecución de penas. En relación con las ejecuciones extrajudiciales, de 838 investigaciones abiertas, solo el 3,22% se encuentra en ejecución de pena y el 8,35% en etapa de juicio.

En relación con la violencia sexual en el contexto del conflicto armado, se presenta una situación de impunidad generalizada. Como ejemplo, el informe señala que, de los 627 casos recogidos en Autos de la Corte Constitucional sobre el tema, solo alrededor del 3% tuvieron sentencia. También para la población LGBTI la impunidad frente a los crímenes sigue siendo la regla. De las 347 investigaciones penales por homicidios, 211 continúan en etapa de indagación preliminar incluso después de varios años de ocurridos los hechos, y solo se han producido 27 condenas.

La administración de justicia presenta problemas estructurales como falta de garantías para jueces y víctimas, así como casos de corrupción. Según datos de la Fiscalía, existen más de 800 investigaciones y 48 capturas de funcionarios de la Fiscalía por corrupción.  

En materia de derechos sociales, la mortalidad por hambre es una realidad en el país, concluyen las organizaciones. En la última década 2.000 niños y niñas menores de cinco años han fallecido por esta causa. Solo en La Guajira, entre enero y noviembre de 2016, murieron de hambre 66 niños y niñas pertenecientes al pueblo Wayuú.

En su balance, las organizaciones sociales insisten en la creciente desigualdad social que se expresa también en indicadores como la brecha urbano rural del 25,5%, el índice Gini es de 0,517%, (siendo 1 el indicador de desigualdad más alto y 0 el más bajo) y el aumento del IVA en 3 puntos porcentuales disminuyó el poder adquisitivo de los más pobres. Pero también en la concentración de la tierra: según el Censo Nacional Agropecuario, un 40,1% del área censada está ocupada por el 0,4% de unidades productivas de más de 500 hectáreas. En contraste, el 4,8% de la tierra está ocupado por el 69,9% de unidades productivas de cinco o menos hectáreas.

Esto en el contexto de un modelo económico que prioriza la extracción desmedida de recursos naturales –con impactos como los expuestos en recientes tragedias ambientales– y la mayor concentración de la propiedad de la tierra a través de figuras como las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social, ZIDRES, proyectadas para la agroindustria extractiva.

En cuanto al desempleo (8,9%) alcanza cifras alarmantes entre los jóvenes rurales llegando al 50,4% y la brecha salarial entre hombres y mujeres es de 42,7% en las ciudades y 41,6% en el campo. También persiste el déficit en el acceso a la salud por falta de disponibilidad, calidad y accesibilidad, y a la educación donde prevalece un modelo de mercado y no de derechos. La tasa de analfabetismo es de 5,8% en las áreas urbanas y entre el 12,1 y el 20% en las zonas rurales.

Por todo lo anterior, las organizaciones concluyen que el Estado colombiano no ha cumplido cabalmente con las recomendaciones de los anteriores EPU (2008 y 2013) y que continúan cometiéndose graves violaciones a los derechos humanos –vistos de manera integral– e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, que permanecen en la impunidad. Así mismo, señalan que el Estado "se raja" en derechos humanos también porque no coopera con los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos ni cuenta con un mecanismo de seguimiento participativo al Examen Periódico Universal. Esta es una de las exigencias que hacen las 500 organizaciones sociales para que el EPU logre contribuir eficazmente a la construcción de paz en Colombia.

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Reforma rural atenta contra los pueblos indígenas

Actual Proyecto de reforma a la Ley 160 de 1994 de Reforma Rural Integral atenta y pone en riesgo de manera directa a pueblos indígenas y comunidades rurales en todo el país.

Bogotá, 13 marzo 2018.

Al finalizar el 2º día sesión de la Mesa Permanente de Concertación de los Pueblos y Organizaciones Indígenas -MPC Ampliada con la Comisión Nacional de Territorios Indígenas-CNTI- y el Gobierno colombiano, Delegados indígenas no aceptan modificación de ruta metodológica.

Delegados y Autoridades indígenas de todo el país llegaron a la ciudad de Bogotá para tratar en Cabeza de los Ministerios de Agricultura y del Interior, el Proyecto de ley que reforma la Ley 160 de 1994, iniciativa legislativa que amenaza de manera directa la pervivencia de los Pueblos Indígenas en todo el territorio nacional.

Este proyecto que favorece a las grandes empresas y multinacionales y va en contravía al pensamiento y relación de los Pueblos Indígenas, Negros, Campesinos y Rurales con los territorios, no solo afecta a nuestras comunidades en el orden ambiental, social, económico, cultural, sino a todos los colombianos, es una reforma regresiva de derechos y destructiva con nuestra Madre Tierra que nos sustenta a todos.

Alertamos a todas las comunidades del país y sectores sociales sobre las nefastas consecuencias que trae este proyecto. Estamos atentos al cumplimiento del derecho fundamental a la consulta, previa libre e informada por parte del Gobierno Nacional respecto a la ruta protocolizada en sesión de la MPC el pasado 28 de diciembre de 2017.

Por las anteriores razones, los delegados indígenas a la Mesa Permanente de Concertación -MPC- y Comisionados de la Comisión Nacional de Territorios -CNTI- se opusieron a la propuesta que traía el gobierno de modificar la ruta metodológica en la que se reducía el tiempo de la consulta previa, considerando que la ruta metodológica acordada el 28 de diciembre de 2017, es la que se debe continuar implementando, toda vez que este proyecto de ley se avizora peligroso, por lo cual se debe consultar con todas las garantías del derecho fundamental, en los territorios, comunidades y pueblos indígenas de Colombia, a fin de que puedan mantener un diálogo constructivo, que permita corregir y proponer elementos que enriquezcan el proyecto de ley, garantizando la participación efectiva de las organizaciones indígenas las cuales cumpliendo con la ruta metodologíca esperan se logre protocolización en próxima sesión acordada a realizar del 14 al 18 de mayo.

Agradecemos el acompañamiento en el escenario de los y las delegadas de  la procuraduría, contraloría y defensoría del pueblo.

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Próxima Sesión MPC, 12 y 13 de 2018

Los próximos 12 y 13 de marzo de 2018 tendrá lugar en la ciudad de Bogotá la sesión de la Mesa Permanente de Concertación - MPC, ampliada con la Comisión Nacional de Territorios - CNTI con el fin de abordar lo correspondiente al Proyecto de Ley "Por medio del cual se modifica la Ley 160 de 1994 y se dictan otras disposiciones" y su respectiva ruta de consulta.