Justicia Especial para La Paz

Foto realizada por Ernesto Che Mercado Jones

Con la posesión de la mayoría de magistrados de la Justicia Especial Para la Paz (JEP) arranca en firme la jurisdicción surgida de los acuerdos con las Farc. Luego de pasar por el Congreso y en revisión de la Corte Constitucional, así funcionará:

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La JEP está compuesta por 51 magistrados (38 de ellos son titulares y los demás suplentes) y tendrá 14 juristas extranjeros en calidad de 'amicus curiae', amigos de la corte. Además, tiene cinco órganos y una Secretaría Ejecutiva:

Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas.

Sala de Amnistía e Indulto.

Sala de Definición de Situaciones Jurídicas.

Unidad de Investigación y Acusación.

El Tribunal para la Paz. Que está conformado por cinco secciones.

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Allí llegarán todas las personas vinculadas a delitos en medio del conflicto armado. Según el último informe de la Secretaría Ejecutiva, están firmadas el 99 por ciento de las actas de compromiso de integrantes de la Fuerza Pública y el 93 por ciento de las de desmovilizados de las Farc. Así, más de 3.500 exguerrilleros y cerca de 1.750 uniformados ya están listos para ser llamados por la Sala de Reconocimiento de la Verdad. Los civiles que financiaron la guerra solo irán voluntariamente a esa jurisdicción.

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Los magistrados podrán imponer tres tipos de sanciones:

Propias: Se impondrán a quienes reconozcan verdad y responsabilidad. Respecto a delitos graves tendrán un mínimo de duración de 5 años y un máximo de 8 años.

Alternativas: Se impondrán a quienes reconozcan verdad y responsabilidad ante la Sección de Primera Instancia, antes de proferir la sentencia. Irán entre pena privativa de la libertad de entre 5 a 8 años. Quienes no hayan tenido participación determinante en los casos más graves tendrán pena de 2 a 5 años

Ordinarias: Se impondrán a quienes no hayan reconocido responsabilidad y sean condenados por el Tribunal. La privación efectiva de libertad no será inferior a 15 años ni superior a 20 años en el caso de conductas muy graves.

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La JEP podrá conceder indultos por delitos políticos y conexos. En el caso de las Farc se amnistiará o indultará el delito político de rebelión. Otros delitos conexos como el porte ilegal de armas también tendrán ese tratamiento.

No serán objeto de amnistía ni indulto delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad como por ejemplo el secuestro de civiles, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada.

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La Corte Constitucional le puso límites a la duración de la Justicia Especial para la Paz y estableció que tendrá una vida inicial de quince años, prorrogables mediante ley estatutaria por cinco años más. Se ocupará de delitos cometidos antes del 1 de diciembre de 2016.

Justicia
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Tomado de: http://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/que-es-y-como-funciona-la-jep-171126

Así va la JEP

https://www.youtube.com/watch?v=XxPNq4fBP3E&feature=youtu.be

Los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana celebramos la firma del decreto de protección para pueblos indígenas aislados

Foto Realizada por Ernesto Che Mercado Jones

Los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana celebramos la firma del decreto de protección para pueblos indígenas aislados

Los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana celebramos la firma del decreto de protección para pueblos indígenas aislados

Hoy 17 de julio del año 2018 damos a conocer un gran avance para la protección de los pueblos indígenas amazónicos y para la riqueza espiritual y cultural del país y del continente, con la firma del Presidente de la República de Colombia, Dr. Juan Manuel Santos Calderón se expide un Decreto con el que finaliza el único proceso que a nivel mundial se ha hecho para consultar a las autoridades y organizaciones indígenas con el objetivo de crear el sistema de prevención y protección a los derechos de los pueblos que se encuentran en estado natural, es decir aquellos abuelos y hermanos indígenas que hasta la fecha se han mantenido aislados del resto de la sociedad.

En el mundo ya son pocos los pueblos indígenas que nunca han tenido contacto con la sociedad mayoritaria; en el territorio colombiano viven algunos de ellos y hasta la fecha no existía un instrumento normativo para protegerlos y para proteger sus territorios. Esto ha causado una gran preocupación en las autoridades y organizaciones indígenas que estamos alrededor de ellos y, aunque los hemos acompañado desde el ordenamiento territorial propio de nuestras autoridades y desde el mandato de prevención, manejo y curación espiritual del mundo con atención a la palabra de nuestros ancestros, mantener su estado de aislamiento requiere la solidaridad de toda la sociedad, para que su vida en estado natural se mantenga íntegra frente a intereses distintos de su protección.

Es así que hoy desde Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana celebramos que gracias a la voluntad de muchos de estos aliados pudimos convocar a las autoridades indígenas de los departamentos de Amazonas, Caquetá, Guaviare, Vaupés, Guainía y Vichada, para armonizar nuestro pensamiento alrededor de la defensa de nuestros hermanos en estado natural y liderar el proceso de concertación del Decreto que hoy se firma para su protección. Este ha sido un camino bastante largo, difícil y comprometido, cuya recta final inició desde la formulación del Plan Nacional de Desarrollo en el año 2010, donde las organizaciones indígenas asistentes a la Mesa Permanente de Concertación acordamos con el Gobierno Nacional una ruta de consulta previa desde el año 2013.

Dentro de esta ruta de Consulta Previa escuchamos a nuestros abuelos y sabedores; reflexionamos junto con los líderes de las asociaciones de autoridades de AIPEA, PANI, ACIYA, ACIMA, ACITAVA, AIZA, CIMTAR, AZICATCH, ACAIPI, CRIMA, ACTIVA, La Organización Zonal Indígena de Puerto Colombia, ACATISEMA, los capitanes de la Zona Miraflores y autoridades la Yuquera y por supuesto con el permanente respaldo de nuestras Organizaciones hermanas ONIC, Gobierno Mayor, CIT y AICO, desde la Coordinación de Derechos Humanos y Paz de la OPIAC logramos conformar un

equipo técnico y político para construir una propuesta de Decreto que reuniera todos estos aportes y en la recta final del proceso poder concertar con el Ministerio del Interior y con otras carteras del Gobierno Nacional la norma que hoy nace a la vida jurídica.

Con la misma determinación seguiremos trabajando por la defensa de nuestros pueblos indígenas, la implementación de este sistema de prevención y protección demanda el compromiso incondicional de toda la Nación, este Decreto es solo la expresión de un logro más del movimiento indígena, que incansablemente seguirá existiendo en razón a la defensa de la vida y la pervivencia de todos nuestros hermanos. Por ello agradecemos a todos nuestros importantes aliados, especialmente a Amazon Conservation Team, a la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica – OTCA y a Parques Nacionales Naturales de Colombia, quienes con sus aportes hicieron posible este resultado; queremos también resaltar la firme voluntad del Gobierno Nacional en cabeza del Presidente Juan Manuel Santos y del Ministro del Interior y en general al Gobierno Nacional cuya voluntad política fue siempre la de crear un sistema eficaz para la protección de nuestros hermanos aislados.

Por último, también queremos agradecer y honrar a Roberto Franco y a Daniel Matapí, quienes dedicaron su vida a este propósito, en su memoria muchos nos valemos de sus preciados aportes.

Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana – OPIAC

Dirección: Carrera 16A 30 – 05, Barrio Teusaquillo

Telefonos (57) 1-4838140/2859863

Correo-e: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Página web: http://www.opiac.org.co

Bogotá. D.C., Colombia

Informativo MPC 2

#GobiernoVulneraConsulta

#Urgente: Gobierno colombiano intenta protocolizar proyecto de ley de tierras, nocivo para pueblos étnicos, vulnerando el derecho fundamental a consulta previa, libre e informada

????¡Acompáñanos!
????¡Por el Derecho a la Vida de tod@s!????
Esta Noche Twitteraton 8:00 p.m.

#GobiernoVulneraConsulta

En el marco de la Consulta Previa, Libre e Informada del proyecto de Ley “Por medio del cual se modifica la Ley 160 de 1994 y se dictan otras disposiciones”; denunciamos ante la opinión pública, la sociedad en general y organismos de control; Qué el Gobierno Nacional en Cabeza del Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Guillermo Zuluaga Cardona, y como coordinador de la ruta metodológica el Ministro del Interior, Guillermo Rivera Flores, quienes vulneran el derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada, al que por ley tenemos derecho los pueblos indígenas, en tanto, intentaron protocolizar el proyecto el lunes 09 de julio de 2018, sin terminar el proceso de consulta concertado con los pueblos indígenas desde el pasado 28 de diciembre de 2017, sin la presencia de los sujetos de derecho.

Este proyecto es lesivo para la sociedad colombiana, para los Pueblos Indígenas, los territorios étnicos, el campesinado y la soberanía nacional, por lo que hacemos un llamado a todos los sectores sociales, rurales y populares aunar esfuerzos para fortalecer la unidad por el cuidado y defensa de la vida y el buen vivir de las comunidades en los territorios.

Instamos al Gobierno Nacional a dejar de desconocer su mandato constitucional de protección a los Pueblos Indígenas del país y dar cumplimiento a los acuerdos concertados en el marco de la MPC a nivel nacional, departamental y local. De igual manera, usaremos todos los recursos jurídicos que estén al alcance en el Estado colombiano, como a nivel internacional.

Solicitamos a la Procuraduría General de Nación, a la Defensoría del Pueblo y a la Contraloría General de la Republica, actuar en el marco de sus competencias constitucionales y legales para la defensa del Derecho Fundamental a la Consulta Previa Libre e Informada.

Informamos a la Honorable Corte Constitucional de que el gobierno ha vulnerado un derecho fundamental en el marco de la Consulta Previa, Libre e Informada del proyecto de Ley “Por medio del cual se modifica la Ley 160 de 1994 y se dictan otras disposiciones”