La entrega del primer informe de la situación de la niñez indígena de Colombia por parte de varios ministerios evidencia que aún no se hace lo necesario por proteger los derechos del relevo generacional del Movimiento Indígena en el país.
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La Ley 2132 del 2019 conmemora el Día Nacional de la niñez Indígena. Esta norma obliga a diversas instituciones del orden nacional a elaborar un informe anual sobre la situación de los niños de comunidades indígenas, para ser entregado el 26 de agosto de cada año. Sin embargo, desde su expedición, hace cinco años, los ministerios del Interior, Defensa, del Trabajo y de Educación habían hecho caso omiso a la presentación del informe. Desde febrero de este año, y en el marco de la Mesa Permanente de Concertación, se había venido buscando un impulso y un diálogo con las entidades responsables para que lo entregaran de manera oportuna.
Llegado el 26 de agosto, las entidades pretendían hacer la conmemoración sin que hubieran entregado el informe. La Comisión Nacional de Mujeres Indígenas – CNMI, con apoyo de la MPC, señalaron la necesidad de postergar la conmemoración hasta que el Ministerio del Interior, como coordinador, entregara el informe. Así lo relató Dunen Muelas, secretaria técnica de la CNMI.
La presentación del informe, realizada en Ricaurte, Nariño, el pasado 11 de noviembre, evidenció que se siguen vulnerando los derechos de la niñez indígena. “Quedó en evidencia que los sistemas de información del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no discriminan, no tienen claridad sobre la pertenencia a los Pueblos Indígenas de la niñez. Esto qué significa: por ejemplo, que el ICBF no sabe a qué pueblo pertenece un niño indígena que está en su proceso de restablecimiento de derechos. Esto es algo muy grave porque entonces no sabemos de qué manera se están dando los procesos de restablecimiento de derechos”, afirmó la secretaria técnica.
La Mesa Permanente de Concertación presentó un concepto sobre el informe oficial para hacer un seguimiento especial a las cifras y contextos sobre las condiciones en las que viven los niños y niñas indígenas en el país. “Este, por ser el primer informe, está lleno de muchos retos, pero el primero de estos, unido a nuestra intención, es que podamos hacer un seguimiento para que no se nos quede ninguna situación territorial por fuera, y poder, poco a poco, ir asegurando que se garanticen los derechos de niños niñas y adolescentes indígenas colombianos”, dijo Muelas.
Este seguimiento se viene intensificando desde la Mesa Permanente de Concertación. “Vale la pena mencionar que, en el mes de noviembre del 2022, en acta de sesión de MPC, quedó instalada una comisión que haría seguimiento a todo el tema de adecuación institucional que requiere el ICBF para la atención a Pueblos Indígenas” agregó Dunen Muelas. Mencionó además que el seguimiento a esa adecuación institucional es una parte importante, pero allí no se acaba el trabajo.
Actualmente, equipos de todas las organizaciones se encuentran haciendo seguimiento de estos temas, también identificando las recomendaciones que el ICBF tiene que incorporar cuanto antes para garantizar los derechos de la niñez indígena. La Mesa Permanente de Concertación y la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas seguirán trabajando y revisando detalladamente la normatividad para exigir al Gobierno nacional y sus instituciones que velen por proteger los intereses y los derechos de la niñez indígena del país.
Por Redacción MPC
