A pesar de que hemos vivido de primera mano los efectos de la criminalización y la violencia asociada a la producción de estupefacientes, la política pública sobre drogas del Gobierno nacional no ha sido consultada con los Pueblos Indígenas. Hacemos un llamado para que la construcción de esta sea una forma de reparar a nuestras comunidades.
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Si hay un asunto que ha marcado la historia reciente de Colombia, es el de las drogas. Desde mediados de la década de los ochenta, el Gobierno colombiano ha perseguido la producción, trasporte, comercio y consumo de sustancias estupefacientes. Por ello, se requiere una política pública que responda a las necesidades de las comunidades y persiga a los eslabones más fuertes de la cadena. Y es que no es un asunto cualquiera. Para los Pueblos Indígenas tiene muchas implicaciones. “La política de drogas es un asunto central dentro de las preocupaciones del Movimiento Indígena porque afecta directamente nuestros territorios, la cultura, la economía de nuestras comunidades, lo más sagrado que nosotros tenemos, como, por ejemplo, el manejo ritual de la hoja de coca”, afirmó Paulo Estrada Añokazi, secretario técnico de la Mesa Permanente de Concertación. Como si todas esas afectaciones fueran pocas, las drogas han sido motor del conflicto armado durante décadas en el país, añadió el líder indígena.
Durante la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre drogas que se realizó el pasado 8 de septiembre, en la ciudad de Cali y ante representantes de más de 15 países de Latinoamérica y del Caribe, Estrada denunció que no se ha efectuado una Consulta Previa, Libre e Informada con los Pueblos Indígenas de Colombia en la construcción de la Política Pública de Drogas. Esto rompe con los acuerdos de Estado que ha suscrito el Gobierno nacional con las autoridades indígenas.
Desde su llegada a la Presidencia de la República, el Gobierno de Gustavo Petro ha insistido en la necesidad de cambiar el enfoque de la política de drogas en el país. Durante la presentación de esta, en el evento en Cali, varias ministras y funcionarias de este Gobierno central mencionaron su preocupación por incluir los parques nacionales, las reservas forestales, los territorios colectivos y zonas de reserva campesina en los programas de esta política. Sin embargo, el secretario técnico de la MPC fue claro en enfatizar que no se incluyeron los territorios indígenas dentro de la discusión. “A partir de la constitución de 1991 tenemos un marco legal bastante fuerte con todas las garantías legales y constitucionales de nuestros derechos. Actualmente contamos con 846 resguardos que se resumen en 35.6 millones de hectáreas, es decir, más de la cuarta parte del territorio nacional”, dijo Estrada en su intervención.
Aunque desde el 2022 se ha venido trabajando con el Ministerio de Justicia para definir una estrategia de Consulta Previa, la construcción de esta política pública no ha sido discutida ni consultada con los Pueblos Indígenas. “Habíamos acordado una ruta de Consulta Previa en la que en el año 2023 íbamos a diseñar la Preconsulta que está a cargo de la Organización Nacional Indígena de Colombia-ONIC, y en el año 2024 íbamos a desarrollar el despliegue territorial de toda la política de drogas con las siete organizaciones. Eso es un acuerdo de Estado con los Pueblos Indígenas que hoy está violentado”, afirmó Estrada. La lectura realizada por el equipo técnico de la MPC es que, si bien el Presidente de la República tiene la voluntad política para cumplir sus compromisos, hay descoordinación entre le diferentes entidades involucradas. Por ello, la Mesa hace un llamado para que los ministerios, viceministerios y direcciones involucradas comprendan la responsabilidad histórica que implica la actualización de la política de drogas en el país. La Mesa Permanente de Concertación seguirá trabajando para que la voz de los Pueblos Indígenas sea incluida en la discusión.
Por Redacción MPC
