En cualquier decisión que se tome sobre los territorios indígenas, debe haber una participación activa de los propios pueblos, a través del derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada. Es esta la postura que se sostuvo en la Cumbre de Finanzas en Común, realizadas el pasado mes de septiembre en Cartagena. En el siguiente reporte, compartimos las intervenciones y conclusiones del equipo técnico y la delegación indígena que participó de la cumbre.
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Entre el 4 y el 6 de septiembre del presente año se llevó a cabo la Cumbre Finanzas en Común [Finance in Common], en la ciudad de Cartagena. Esta tuvo como objetivo, según lo expuesto en sus medios de difusión, reunir a los representantes de los bancos públicos de desarrollo de todo el mundo con sus socios para mostrar el rol que cumplen a la hora de que las finanzas sean más inclusivas y sostenibles. La cumbre estuvo organizada por el BID, Bancoldex, la CAF, entre otras entidades financieras.
A este encuentro asistieron el Secretario Técnico Indígena de la Mesa Permanente de Concertación – MPC, Paulo E. Añokazi, acompañado del equipo del área económica de la misma. El propósito principal de la delegación indígena fue el de iniciar una conversación directa con los bancos de desarrollo público, dado que, en términos generales, los diálogos sobre políticas e inversiones que afectan los territorios suelen darse nada más que entre las entidades financieras y las del Estado, dejando por fuera al Gobierno indígena y sin tener en cuenta las verdaderas dinámicas de los territorios.
A este respecto, Jonny Castro, economista de la Mesa Permanente de Concertación, dijo: “Esto es lo que suele pasar en Finance in Common: los bancos hacen alguna propuesta sobre mitigación del riesgo, inclusión de la mujer, población víctima, pueblos y comunidades indígenas, afrodescendientes, pero la interlocución solo se tiene con los gobiernos nacionales, no se tiene con los pueblos”.
Ante la ausencia de los dueños del territorio en estas alianzas, las consideraciones de las partes suelen ser netamente económicas y financieras, pasando por alto aquellas que se refieren a los derechos fundamentales. “Nuestro objetivo entonces −agregó Jonny Castro−, fue generar un diálogo, para que circule la información entre los bancos y nosotros, y que se rompa ese esquema de gobernanza que tienen los bancos y el Gobierno nacional, en la que entran entidades como el BID, la CAF, la Unión Europea, la Agencia de Cooperación Española. Ellos hacen inversiones acá y se vuelven interlocutores de los representantes del Estado, pero no de los Pueblos Indígenas”.
Luego, otra proyección de la delegación de la MPC fue establecer una agenda indígena para presentar sus propias propuestas en estos foros, y que las entidades tengan en cuenta las afectaciones que tienen los territorios ante sus proyectos inconsultos. En esta línea, la intervención del secretario Paulo E. Añokazi versó alrededor de la necesidad de descolonizar y democratizar las entidades financieras, priorizar los derechos humanos y ambientales sobre las ganancias, anular la deuda ilegítima del sur global, reparar a los Pueblos Indígenas por las afectaciones de los sistemas económicos y garantizar el Consentimiento Previo, Libre e Informado ante proyectos que financien el extractivismo.
Por su parte, Darío Mejía, presidente del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU, quien también participó del foro, dijo: “Es hora de que las finanzas mundiales sean más inclusivas y sostenibles. Estas deben priorizar la pervivencia de los pueblos, la mitigación del cambio climático y contar con los conocimientos de los Pueblos Indígenas”.
En conclusión, la delegación de la MPC ha logrado dejar una postura encaminada a generar la articulación entre las entidades públicas del Estado, los bancos públicos de desarrollo y las organizaciones indígenas. También, por supuesto, se ha posicionado frente a algunas intervenciones que ahora mismo se están llevando en los territorios, en casos en que no se ha tenido en cuenta el derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada, o en otros en los que no ha habido garantías para las comunidades de acceder a la información o a los créditos de los proyectos financieros.
“En esta cumbre −concluyó Jonny Castro− también nos permitimos dar a conocer que en Colombia hay un espacio que es la Mesa Permanente de Concertación; que esta es la plataforma de diálogo entre el Gobierno nacional y el indígena, pero que también pueden interlocutar otros actores. En la MPC, los bancos públicos de desarrollo pueden dialogar con nosotros sobre las iniciativas que tengan en los territorios indígenas y que mejoren la calidad de vida de los pueblos. Pero hay que cambiar un poco esa mirada depredadora del mundo financiero y el mundo económico; hay que tener un enfoque más humano, con una aplicación diferencial, incluyendo realidades, cosmovisiones, procesos organizativos y otros factores que hoy no están contemplados”.
Por Redacción MPC
