Pronunciamiento de los pueblos y organizaciones indígenas de la mesa permanente de concertación, en rechazo a la circular externa cir29020-19dmi -1000 del ministerio del interior

Las Organizaciones Indígenas de la Mesa Permanente de Concertación;  Organización Nacional Indígena de Colombia –ONIC-, Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana –OPIAC-, Confederación Indígena Tayrona –CIT-, Autoridades Indígenas de Colombia AICO por la Pacha Mama y, Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia Gobierno Mayor, RECHAZAMOS categóricamente la circular CIR29020-19DMI-1000 expedida por el del Ministerio del Interior, por medio de la cual se establece el “uso de medios virtuales para la realización de Consulta Previa de medidas legislativas y administrativas, para la prevención de contagios del  COVID-19”.

Lo anterior, por ser abiertamente inconstitucional y violatoria del derecho fundamental a la Consulta Previa, Libre e Informada, tal como está consagrado en el Convenio 169 de la OIT, incorporado al derecho interno por la Ley 21 de 1991 y, a través de la figura del bloque de constitucionalidad, el cuál ha sido desarrollado ampliamente por la Corte Constitucional colombiana en la sentencia SU-383 de 2003.

Denunciamos, que dicha circular fue expedida de manera inconsulta con los pueblos indígenas, violando el principio de buena fe, requisito esencial que debe guiar toda actuación en el marco de la consulta, como condición imprescindible para el entendimiento y la confianza, tal como lo reiteró la Corte Constitucional al unificar su jurisprudencia en la sentencia SU-123 de 2018.

La mala fe en la expedición de dicha circular se denota, además, en el hecho de haber sido expedida el día 27 de marzo de 2020, sin una información previa, verás y oportuna; haciéndola pública solo hasta el día 15 de abril de 2020.

A ello se suma, el hecho de que el gobierno Nacional justifique la expedición de dicho Acto Administrativo, en el marco de las medidas conducentes a prevenir y detener el COVID-19, cuando en realidad pretende extender dicha medida a todo proyecto, obra, labor o actividades extractivas, para que puedan desarrollarse en los territorios indígenas mientras dure el aislamiento preventivo obligatorio, más no, en el marco de la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, social y Ecológica para atender la crisis humanitaria.

En este sentido, vemos con gran preocupación que la circular indique que debido a dicha emergencia sanitaria se tomen medidas como:

“(ii) Recomendar, promover y permitir el uso de herramientas tecnológicas y canales virtuales, para que en la mayor medida posible y de manera libre e informada, se adelanten consultas previas de proyectos, obras y actividades, y de medidas legislativas y administrativas, con las comunidades indígenas, Rrom, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, mientras dure el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la Republica de Colombia por causa del COVID-19”

Como vemos, esta decisión, no ha sido objeto de consulta ni concertación con la MPC (escenario creado para tal fin a través del Decreto 1397 de 1996), y es contraria a lo estipulado en el Convenio 169 de la OIT, al bloque de constitucionalidad, a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, a la ley 21 de 1991 y al artículo 3 de la ley 137 de 1994 "Por la cual se regulan los Estados de Excepción en Colombia" que establece la Prevalencia de tratados internacionales, señalando expresamente que: “De conformidad con el artículo 93 de la Constitución Política, los Tratados y Convenios Internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por el Congreso de Colombia prevalecen en el orden interno”; lo cuál implica, que el derecho fundamental a la Consulta Previa no puede ser vulnerado aún en el marco de la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, lo que hace que la mencionada circular sea abiertamente inconstitucional.

El Gobierno Nacional, no puede perder de vista que la población indígena se encuentra en un alto grado de vulnerabilidad y que es su deber garantizar el goce efectivo de sus derechos, razón por la cual no puede actuar de manera unilateral ante decisiones que afectan directamente a los Pueblos Indígenas, ni ir en detrimento de los derechos ya establecidos en la Constitución Política de Colombia y toda la jurisprudencia existente a pesar de la situación actual de salud que se atraviesa a nivel global.

Es importante mencionar, que los pueblos indígenas han acatado las recomendaciones y orientaciones con respecto a la pandemia, e incluso, haciendo uso de la autonomía se han tomado medidas de aislamiento preventivo y acciones propias de orden cultural y espiritual que permitan salvaguardar la vida de los pueblos. De esta manera, las organizaciones indígenas han emitido resoluciones, circulares, comunicados y mandatos desde el derecho propio en cada uno de sus pueblos, para orientar las acciones pertinentes en las etapas de contención, aislamiento y atención de la pandemia. Adicionalmente, se han coordinado acciones conjuntas con el Gobierno Nacional para la atención de la población indígena en términos de apoyo humanitario. Todo esto, con el objetivo de proteger la vida de los Pueblos Indígenas, por tal razón, se han suspendido todas las actividades organizativas, políticas o de Consultas Previas en los territorios.

Por otra parte, las definiciones de la circular desconocen las dinámicas sociales, culturales y políticas propias de los Pueblos Indígenas y no tiene en cuenta los contextos territoriales que dificultan un ejercicio de Consulta de manera virtual, ya que solo el 6% de los territorios a nivel nacional cuentan con cobertura, lo que limita la participación efectiva.

Aclaramos, que las Organizaciones Indígenas hemos solicitado al Ministerio del Interior continuar el proceso de Consulta Previa del proyecto de Ley “Por medio del cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías”, teniendo en cuenta que su ruta metodológica fue acordada previamente, ya se llevó a cabo la fase de  despliegue territorial y, solo falta por adelantar la concertación técnica y la protocolización; lo cual no pone en riesgo el derecho fundamental a la Consulta Previa. Esto debe ser abordado en el escenario de la MPC. Sin embargo, reiteramos que en ninguna circunstancia se puede proceder a realizar nuevas Consultas Previas en los territorios a través de los términos propuestos por el Ministerio del Interior y, que en ningún momento la MPC ha alentado a realizar dichos procedimientos.

Dicho lo anterior, queremos reiterar que las organizaciones que hacen parte de la MPC respaldamos en su integridad los pronunciamientos previos efectuados por la Comisión Nacional de Territorios Indígenas-CNTI- y, la Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos.

En este sentido, invitamos al Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio del Interior, a explorar caminos de diálogo y concertación para definir los mecanismos apropiados para agilizar y optimizar las acciones humanitarias que permitan garantizar el aislamiento y mitigar el contagio masivo del virus en nuestras comunidades. En ese sentido, presentaremos iniciativas propias de los pueblos indígenas que permitan buscar mecanismos concertados, transitorios y excepcionales, si y solo si, se dan en el marco de la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica decretada por el Gobierno Nacional, con el fin de gestionar recursos que nos permitan atender de manera oportuna la crisis alimentaria y nutricional, de agua, salud y agroalimentaria para atender el aislamiento obligatorio y demás medidas que permitan mitigar el impacto de la pandemia en nuestros territorios y comunidades. Voluntad que hoy reiteramos.

Por lo expuesto anteriormente las Organizaciones Indígenas de la Mesa Permanente de Concertación Decreto 1397 de 1996

EXIGIMOS:

  • Revocar de manera inmediata la circular externa CIR29020-19DMI-1000 del 27 de marzo de 2020 expedida por el Ministerio del Interior.
  • Proteger y garantizar el derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada de acuerdo con los estándares naciones e internacionales establecidos en la normatividad vigente.
  • Construir de manera concertada con la MPC, los mecanismos de atención a la población indígena en el marco de la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, teniendo en cuenta las necesidades y particularidades de nuestros pueblos y comunidades.
  • Suspender de manera inmediata todos los procesos de Consulta Previa referidos a proyectos obras, y actividades extractivas en los territorios indígenas mientras no sea superado el estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
  • Realizar de manera inmediata la sesión de la MPC, que se ha solicitado a través de múltiples oficios, con el ánimo de definir las acciones y mecanismos apropiados para culminar los procesos que ya se han iniciado en el marco del PND 2018-2022 y, de la Consulta Previa al proyecto de Ley “Por medio del cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías”.

POR LA PERVIVENCIA DE LOS PUEBLOS Y NACIONES Y LA GARANTÍA DE SUS DERECHOS.

Bogotá, 16 de abril de 2020