Períodos de la MPC

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Períodos de la MPC

PERÍODOS DE LA MESA PERMANENTE DE CONCERTACIÓN NACIONAL CON LOS PUEBLOS Y ORGANIZACIONES INDÍGENAS

La Mesa Permanente de Concertación Nacional con los Pueblos y Organizaciones indígenas desde su creación en 1996, hasta la fecha (septiembre de 2013), ha pasado por diferentes momentos de tensión y de interés, tanto en el gobierno como en los Pueblos Indígenas.
 
El Comienzo (1996- 2008)
La primera sesión de la Mesa Permanente de Concertación Nacional con los Pueblos y Organizaciones indígenas, se llevó a cabo el 9 de septiembre de 1996. En esta ocasión, se oficializó la delegación indígena que participaría en este espacio de diálogo y concertación con el Gobierno Nacional. Sin embargo, y a pesar que el mismo Decreto que crea la Mesa Permanente establece realizar una reunión mensual el primer año[1]; entre los años 1996 y 2008, se realizaron nueve (9) sesiones de la MPC, es decir,  en 12 años  apenas se alcanza el 23%.  Y en lo que corresponde a los años 2009- 2013, se realizaron 30 sesiones, es decir, el 77% en los últimos  cinco años.

Suspensión escenarios de diálogo y concertación con el Gobierno (noviembre 2006- agosto de 2007)

En noviembre de 2006, es decir, diez años después de generado este escenario de diálogo y concertación, los Pueblos Indígenas resolvimos retirarnos de todos los espacios de concertación generados  por los decretos 1396 y 1397 de 1996.

Esta decisión se toma por las siguientes razones:

•    Por la falta de cumplimiento en los acuerdos pactados entre el Gobierno Nacional y los Pueblos Indígenas, concertados en las diferentes sesiones de la MPC.
•     La incapacidad e inoperancia de los representantes del Estado que asistían a estos escenarios de diálogo y concertación para la toma de decisiones. Esto debido a que la presencia de los delegados de los Ministros se convirtió en la regla y no en la excepción, como lo establece el Decreto 1397 de 1996.
•    Finalmente, la decisión de levantarnos de estos escenarios fue empujada también por la negativa del Estado colombiano para suscribir la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Respecto a ello, los indígenas consideramos preocupante e incoherente la postura del Estado colombiano, al pretender proteger los derechos de los Pueblos Indígenas (con la simple constitución formal o en papel de estos escenarios de concertación), mientras que a nivel internacional se negaron a proteger los derechos de los Pueblos Indígenas, más aun cuando Colombia es el único Estado de América Latina que se encuentra en una situación de conflicto armado interno.

En esa medida el fracaso de los espacios de concertación, y de las políticas públicas tendientes a proteger los derechos de los Pueblos Indígenas, motivaron la siguiente  declaración  por parte de sus autoridades:

Un breve repaso a los resultados de tantas convocatorias nos muestra que los resultados han sido mínimos, que en los territorios la situación sigue siendo igual; que no hay voluntad política; que nos han catalogado como improductivos, que no nos han reconocido el aporte hecho al país, que muy por el contrario solo hemos recibido discriminación y exclusión. Se repite siempre que hay mucha voluntad y cuando se presenta una propuesta de largo alcance sólo nos dicen que hay que empezar por lo más pequeñito y cuando vamos a lo pequeño, nunca se concretan en acciones pues falta el apoyo del Estado[2].
 
El 13 de agosto de 2007, los Pueblos Indígenas retomamos de manera cautelosa los diálogos con el Gobierno Nacional; en ese año se realizó una sesión de la MPC donde se abordaron temas que hasta hoy están vigentes como lo demuestran estos fragmentos del acta de la sesión:

El Ministerio de Educación Nacional manifiesta estar de acuerdo con la propuesta de los pueblos indígenas de construir un sistema de educación propio de carácter especial que de cuenta de la identidad educativa y del carácter de autoridad y gobiernos de los Pueblos Indígenas y ajustados a los derechos constitucionales.

Representantes de las organizaciones indígenas presentan un documento preliminar que contiene las cinco líneas de acción, para construir la política de Estado para Pueblos Indígenas[3].

Gráfico 1. Número de sesiones de la MPC 1996 – 2013

Fuente: información del DAIRM y cálculos propios[4]

Regreso a los escenarios de diálogo y concertación (2009- 2013)

Uno de los principales reclamos de los Pueblos Indígenas en los últimos años, está representado como se dijo anteriormente en la negativa del  Estado colombiano de suscribir de manera integral la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas[5], y en la incapacidad del Estado, para garantizar la protección de nuestros derechos individuales y colectivos.    

Es por lo anterior, que entre los años 2006 y 2009, nuestros pueblos Indígenas inician una serie de estrategias donde se combinaron acciones de diplomacia, incidencia, visibilización, acciones jurídicas,  vías de hecho y acciones de resistencia para exigir nuestros derechos.
Por esa época los Pueblos Indígenas realizamos las siguientes acciones:

•    Organizamos y participamos en la ¨Minga Nacional de Resistencia Indígena y popular¨
•    Participamos en el Examen Periódico Universal (2008). Esta actividad implicó la elaboración de documentos y la realización de una serie de reuniones con representantes de diferentes países ante Naciones Unidas, a saber: Representantes de Japón, Canadá, Dinamarca, Suecia, Suiza, Bolivia, Venezuela y España.
•    Gestionamos y organizamos una visita extraordinaria del Relator de Naciones Unidas sobre los derechos y las Libertades Fundamentales de los Pueblos  Indígenas, el señor James Anaya.

•    Participamos de todas las visitas realizadas a Colombia por relatores especiales y representante de Naciones Unidas, en las cuales todos ellos, expresaron su preocupación por la situación de los Pueblos Indígenas en Colombia.

•    Organizamos y participamos en el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), Proceso que dio como resultado una sentencia en la que se condena al Estado colombiano y a varias multinacionales por el genocidio cometido contra los pueblos indígenas.

De la mano con otras organizaciones defensoras de los derechos humanos, se interpusieron acciones jurídicas dirigidas a defender nuestros derechos. En el marco de esas luchas y denuncias, es que se declaran inconstitucionales importantes iniciativas legislativas debido a que no se realizó la consulta previa con las organizaciones y Pueblos Indígenas, estas propuestas de ley eran las siguientes: el Estatuto de Desarrollo Rural (Ley 1152 de 2007), La Ley Forestal (Ley 1021 de 2006) y el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2010 (Ley 1157 de 2007). Aunque el PND fue declarado exequible por la Corte Constitucional, esta institución señaló que lo hacía “bajo el entendido de que se suspendiera la ejecución de cada uno de los proyectos, programas o presupuestos incluidos en la misma que tengan la potencialidad de incidir directa y específicamente sobre Pueblos Indígenas (…) hasta tanto se realice en forma integral y completa la consulta previa”.

De manera expresa, la Corte ordenó la consulta previa libre e informada de todos los planes nacionales de desarrollo, y es por ello, que el  gobierno del presidente Juan Manuel Santos se ve obligado a consultar con los Pueblos Indígenas el Plan Nacional de Desarrollo (2010-2014),  que dio origen a un capítulo sobre Pueblos Indígenas, y que luego se concretó en 96 acuerdos con distintas entidades gubernamentales.

Otra de las decisiones jurídicas que nos lleva a sentarnos nuevamente con el Gobierno Nacional en estos escenarios de diálogo y concertación, fue la Sentencia T-025 de 2004, con sus Autos de seguimiento: Auto 092  de 2008 y Auto 004 de 2009.

En el Auto 004 de 2009, la Corte Constitucional concluye que los Pueblos Indígenas de Colombia están en riesgo de ser exterminados física y culturalmente, y ordena formular e implementar 34 planes de salvaguarda para los pueblos que según la Corte están en riesgo de exterminio.  

A raíz de lo anterior, es que en el año 2009, el Gobierno colombiano empujado, entre otros por varios fallos de la Corte Constitucional Colombiana, vuelve a sentarse de manera más formal con los Pueblos Indígenas de Colombia en los escenarios de diálogo y concertación creados para tal fin.

Para aquella época, la Corte Constitucional Colombiana había definido a través de sus diferentes sentencias, reglas jurisprudenciales claras sobre el derecho a la consulta previa, libre e informada dirigida a proteger los derechos de nuestros Pueblos Indígenas.

Sin embargo, la definición de estas reglas de protección del derecho a la consulta previa y de otros derechos colectivos, no fue un camino fácil y tampoco lo hicimos solos ya que fue necesario el apoyo de otros movimientos, sectores sociales, organizaciones defensoras de derechos humanos, académicos, universidades, organismos internacionales como Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

 


1 “Las reuniones ordinarias de la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas se harán por lo menos una vez cada mes durante el año de 1996, y posteriormente según lo determine el reglamento. El Ministro del Interior será responsable de las convocatorias”. Véase, articulo 17  del decreto 1397 de 1996 (énfasis nuestro).
2 Pronunciamiento de los Pueblos Indígenas de Colombia Comisión Nacional de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Colombia, Bogotá, Jueves 2 de noviembre de 2006.
3 Véase, acta del 13 de agosto de 2007.
4 Los datos consignados no cuentan con información de los años 2002 y 2011. Por otra parte se realizó un encuentro nacional indígena los días 3 y 4 de abril de 2008, en ese mismo año se realiza  la sesión de mayo, sin embargo esta no tuvo quorum.
5 El 21 abril de 2009, el Gobierno colombiano anunció su “respaldo unilateral a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, a su espíritu y a los principios que la inspiraron” http://web.presidencia.gov.co/sp/2009/abril/21/10212009.html

Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos Indígenas

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