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Historia Mesa Permanente de Concertación

CONTEXTO EN EL QUE SE ORIGINAN LOS PROCESOS DE CONCERTACIÓN

Los Pueblos Indígenas de Colombia iniciamos a partir de 1970, un largo recorrido dirigido a la consolidación de nuestras organizaciones y a la recuperación y reconocimiento de nuestros derechos individuales y colectivos: Territorio, Autonomía, Identidad y Cultura; este período culminó con la inclusión de muchas de nuestras demandas y exigencias en la Constitución Política de 1991. No obstante, la puesta en práctica de los derechos allí consagrados ha significado para nuestros pueblos un gran reto, y la muerte de muchos de nuestros  líderes y lideresas.

A modo de ejemplo, entre los años 1990 y 1991, perdieron la vida por razones política ochenta y ocho (88) personas de nuestros pueblos indígenas, y 339 más fueron detenidas de manera arbitraria desde 1991, (es decir, luego de expedida la nueva Constitución Política) hasta 1996, doscientos diecisiete (217) indígenas fueron asesinados y cerca de doscientos ochenta y ocho (288) fueron detenidos y encarcelados[1].

La Toma a la Sede de la Conferencia Episcopal Colombiana (1996)

“Con la expedición de la Constitución Política de 1991, los indígenas creímos resueltos todos nuestros problemas”[2].
Sin embargo, en 1996, luego de cinco años de diálogos infructuosos con el Gobierno nacional y regional, los Pueblos Indígenas y nuestras organizaciones nos vimos obligados a retomar las vías de hecho para ser escuchados con seriedad y respeto, para exigirle al gobierno una atención coherente y respetuosa de la diversidad étnica y cultural consagrada en la Constitución Política de 1991.
Es así que el 5 de julio de ese año, aproximadamente 50 organizaciones de todo el país, nos tomamos la Conferencia Episcopal colombiana para denunciar con preocupación lo siguiente:
•    Que el desarrollo de los derecho Constitucionales y legales de los Pueblos Indígenas, avanzaba por el camino de las imposiciones, las medidas inconsultas y el recorte de los principios y derechos fundamentales relativos a la diversidad étnica del país;

•    Que los proyectos de infraestructura y de explotación minera y energética se segian aceptando, aprobando y ejecutando desconociendo nuestros derecho a decidir autónomamente y a vivir nuestra identidad con dignidad, violando así los derechos humanos la Constitución y los acuerdos internacionales;

•    Que los grandes problemas de tierra, educación, derechos humanos, biodiversidad, no sólo son desatendidos sino que se acentúaban con la acción y la omisión del Gobierno;

•    Que al contrario de fortalecer nuestra autonomía como pueblos, se evidencia una mayor injerencia de algunas dependencias del  Estado en nuestras comunidades. La actuación de la Dirección General de Asuntos Indígenas, que ya han señalado nuestros hermanos Wayuú en una acción similar no es sino el caso más evidente de  esta política[3].

Otras acciones de hecho realizadas en las regiones

La toma a la sede de la Conferencia Episcopal Colombiana no fue la única acción de hecho realizada por las organizaciones indígenas colombianas, para denunciar el genocidio e irrespeto a nuestros derechos; es así que en el marco de este contexto se desarrollaron las siguientes acciones:

•    En la ciudad de Bogotá 45 indígenas del Pueblo Wayuú se tomaron las instalaciones de la Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior, denunciando la intromisión de esta Dirección en las decisiones internas de las comunidades, y protestando por la malversación oficial de los recursos presupuestales de los resguardos. En esta oportunidad, el pueblo Wayuú exigía suspender un proyecto que los estaba dividiendo.

•    En el municipio de Mocoa, departamento de Putumayo unos 200 indígenas Sionas, Kofanes, Ingas y Kamëntsá, ocuparon pacíficamente la sede de la gobernación departamental, exigiendo que el gobernador se pronunciara a favor de las demandas de los Pueblos Indígenas.

•    En el departamento del Tolima, municipio de Ibagué, el Pueblo Pijao se tomó la sede regional del INCORA, solicitando elaborar un Plan de Desarrollo concertado con las Autoridades, Pueblos y Organizaciones Indígenas, garantizando la autonomía, los derechos y el cumplimiento de los acuerdos.

•    Por su parte, el pueblo U’wa de los departamentos de Boyacá, Santander y Arauca, programaron una audiencia para protestar por la invasión de la compañía petrolera OXY en sus territorios indígenas.

•    En el departamento del Cauca 4.000 indígenas bloquearon la vía panamericana entre Cali y Popayán denunciando los problemas territoriales de las comunidades indígenas y el incumplimiento del informe de fondo emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a raíz de la masacre del Nilo[4]. Asimismo, se denunció el asesinato del alcalde indígena Nasa de Jambaló Marden Betancur cometido el 19 de agosto de 1996 a manos de Frente Cacique Calarcá, del ELN, el cual provocó una fuerte reacción por parte de las comunidades indígenas de la región, que se expresó en una masiva marcha desde el municipio de Jambaló a Popayán Cauca, exigiéndole a los grupos armados el retiro inmediato de los territorios indígenas.

•    También se realizaron acciones de hecho en los departamentos de Chocó, Risaralda, Puerto Inírida, Pasto y Montería, en este último lugar el día 2 de julio de 1996, es decir tres días antes de la toma de la Conferencia Episcopal, fue asesinado el líder del Pueblo Zenú, Saúl Baltazar sumando seis dirigentes asesinados en menos de dos meses.

En este contexto, la presión de los Pueblos Indígenas y sus organizaciones con sus justos reclamos aumentó en  todo el país. Entre tanto, en la Conferencia Episcopal se había nombrado una comisión política negociadora que trabaja en jornadas de tres de la tarde a media noche.

La toma a la Conferencia Episcopal duró 43 días y fue levantada luego de que el Gobierno aceptara las peticiones de los Pueblos Indígenas y de que firmaran los siguientes Decretos:

a)    Decreto 1396 de 1996, que da origen a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con sus propias funciones y con una estructura claramente establecida.

b)     Decreto 1397 de 1996, que crea la Comisión Nacional de Territorios (CNT) y la Mesa Permanente de Concertación Nacional con los Pueblos y Organizaciones Indígenas, cada una con funciones distintas pero con una estructura muy similar.

Así las cosas, es claro que La Mesa Permanente de Concertación Nacional con los Pueblos y Organizaciones Indígenas, la Comisión Nacional de Territorios y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tienen un origen común que nace  a la problemática territorial y al descontento de nuestros pueblos Indígenas debido a los incumplimientos del Gobierno, principalmente, los derechos establecidos en la Constitución Política de 1991.

Por otra parte, es importante destacar, que estos escenarios de diálogo y concertación con el Gobierno Nacional no fueron un regalo y tampoco fueron producto de la voluntad política del Gobierno, sino más bien de las acciones de hecho y de resistencia de nuestros Pueblos Indígenas.

 


1 Aunque con posterioridad a 1996, estas cifras se disparan en cerca de 200 indígenas asesinados cada año, siendo uno de los años más críticos el 2002 con aproximadamente 300 indígenas asesinados. Véase, Centro de Cooperación al Indígena (CECOIN), Violencia Política contra los Pueblos Indígenas en Colombia 1974- 2004, impreso en Alto vuelo comunicaciones, Bogotá febrero de 2005. Página 22.
2 Lorenzo Muelas Hurtado. TPP.
3 Véase, comunicado de fecha 5 de julio de 1996
4La Masacre de El Nilo  fue un ataque perpetrado contra indígenas de etnia Nasa en el municipio de Caloto, departamento del Cauca el 16 de diciembre de 1991 por miembros de la Policía Nacional de Colombia y civiles armados, hecho en el que fueron asesinados 21 indígenas Nasas.

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