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Informe Contraloria, Seguimiento acuerdos Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, Pueblos Indígenas y Gobierno Nacional

La Contraloría General de la República (en adelante CGR) en el marco de sus funciones constitucionales ha venido cumpliendo con las órdenes de la Corte Constitucional promulgadas en los diferentes autos de seguimiento a la sentencia T-025 de 2004. En cumplimiento a estas órdenes, a las disposiciones de la ley 1448 de 2011 de víctimas y restitución de tierras, y a las disposiciones de los decretos ley de asistencia, atención y reparación integral para víctimas indígenas, negras, afrocolombianas, raizales, Palenqueras y Rrom, la CGR realiza tareas de seguimiento y monitoreo a la implementación de la política pública que se deriva de esta normatividad.


Es en el marco de estas labores de seguimiento y monitoreo que la delegada para el sector agropecuario de la CGR entra en contacto con la Mesa Permanente de Concertación entre el Gobierno y los Pueblos Indígenas (en adelante MPCI). La participación de la CGR en este espacio tenía como objetivo servir de garante para el cumplimiento de los acuerdos y compromisos allí establecidos. Es justamente en el cumplimiento de esta labor que los representantes de los pueblos indígenas le solicitan a la CGR el acompañamiento en el proceso de evaluación del cumplimiento de los noventa y seis (96) compromisos que se encuentran inscritos en el Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014 denominado "Prosperidad para Todos" (Ley 1450 de 2011, en adelante PND).

El acompañamiento acordado es confiado al grupo de seguimiento a la implementación de los decretos ley para víctimas étnicas de la Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario. La primera labor del grupo fue revisar las evaluaciones realizadas por el mismo gobierno sobre la materia. En efecto, los antecedentes inmediatos son los análisis realizados por el Departamento de Planeación Nacional (en adelante DNP) en marzo y septiembre de 2013. Justamente la demanda de los representantes de la MPCi era corroborar la información consignada en esos documentos, sobre todo lo correspondiente a las asignaciones presupuéstales para el cumplimiento de dichos compromisos y sus avances concretos.

Para corroborar los datos el grupo de seguimiento a la implementación de los decretos ley para víctimas étnicas de la CGR decidió utilizar tanto fuentes secundarias como solicitar de manera independiente a :as entidades involucradas en el cumplimiento de estos compromisos información específica que permitiera confirmar las cifras y las conclusiones adelantadas por el DNP.

Lo primero que se hizo fue identificar a las 25 entidades involucradas en el cumplimiento de estos compromisos (Ver anexo 1). En segundo lugar se construyó una matriz en Excel en la cual las entidades debían remitir de manera ordenada la información requerida (Ver anexo 2). En tercer lugar se construyó un instructivo para el diligenciamiento de la matriz en cuestión (Ver anexo 3). Finalmente se hicieron las solicitudes de información vía oficio físico y mediante correo electrónico el día 7 de febrero de 2014.

Pasados más de cincuenta (50) días desde que se remitieron estas solicitudes, solo el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural no remitió ningún tipo de información. Las demás entidades remitieron información pero es de señalar que fueron pocas las entidades que respetaron el aplicativo diseñado, y que, en muchas ocasiones, fue preciso agendar reuniones explicativas con los funcionarios encargados en las diferentes entidades de responder esta solicitud de información. Por lo demás, las entidades que hicieron un uso adecuado del aplicativo no siempre remitieron la información completa.''

Las dificultades en la captura de la información sirven para evidenciar la debilidad y la falta de ¡nteroperabilidad en los sistemas de información del gobierno nacional tanto en términos generales, pero especialmente en lo correspondiente a variables étnicas. Esto es particularmente grave en un país que requiere con urgencia implementar políticas diferenciales para garantizar tanto la supervivencia física y cultural como el goce efectivo de los derechos de los ciudadanos que pertenecen a las comunidades étnicas que, como señala la Corte Constitucional, son sujetos de especial protección. Sin información pertinente y ordenada es difícil realizar análisis técnicos que permitan una mejor planeación y diseño de la política pública que posibilite superar las graves falencias que existen por ejemplo en términos de coordinación interinstitucional. La debilidad de los sistemas de información no permite un uso eficiente de los recursos que propicie que planes, programas y proyectos tengan realmente impactos concretos en las comunidades.

El presente informe se divide en tres (3) partes adicionales a esta introducción. En la primera parte se realizará un análisis general de los agregados construidos con base en las respuestas de las entidades; en la segunda parte se realizará un análisis pormenorizado de las respuestas de cada una de las entidades frente al cumplimiento de los compromisos establecidos en el PND; por último se presentaran las conclusiones y recomendaciones de rigor.

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1. Es preciso adicionalmente señalar que ninguna entidad respetó los tiempos establecidos para dar respuesta a las solicitudes de información, y en algunos casos las entidades continúan solicitando tiempo adicional para responder o hacer ajustes. Cabe recordar que la normatividad en la materia determina que las entidades tienen 5 días hábiles para responder las solicitudes de información de la CGR; en este caso el tiempo promedio de respuesta fue superior a un mes calendario.

 

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