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Intervención MPC Audiencia Pública – Decreto 588 de 2017

 

intervencion corte miryam

Bogotá D.C., Octubre 11 de 2017.

 

Señores
HONORABLES MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS
Corte Constitucional
E. S. D.

 

REFERENCIA. Audiencia Pública para el análisis de la constitucionalidad del Decreto 588 de 2017 "Por el cual se organiza la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición."

En calidad de representante de las Organizaciones de la Mesa Permanente de Concertación con Pueblos Indígenas (MPC), para intervenir en la Audiencia Pública adelantada para analizar la constitucionalidad del Decreto 588 de 2017 "Por el cual se organiza la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición.", quiero poner a su consideración la posición de las Organizaciones Indígenas frente a la norma, así como los argumentos que fundamentan dicha posición.

FUNDAMENTOS

PRIMERO. La norma no fue consultada con los Pueblos Indígenas a pesar de existir compromisos de garantizar la participación; el día 19 de mayo de 2017, los Pueblos Indígenas radicaron ante la Secretaría Técnica de la MPC, las iniciativas legislativas que buscaban la participación en los diferentes puntos del Acuerdo Final de Paz, especialmente en la propuesta para el tema de víctimas se abordan dos temas importantes: uno, el de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y otro, el de la Unidad de Búsqueda de Personas Desparecidas.

Esta propuesta fue conocida por el Ministerio del Interior y la Secretaría Jurídica de Presidencia, con quienes el día 20 de junio de 2017 tratamos el contenido de las propuestas presentadas por los Pueblos Indígenas y en donde Secretaría Jurídica afirmó lo siguiente:

Sobre el tema de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desparecidas, ya existe un proyecto de decreto que regula expresamente el componente étnico de la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desparecidas, elaborado entre entidades del GN, el Alto Comisionado para la Paz, posconflicto, Secretaría Jurídica de Presidencia, Ministerio del Interior y Ministerio de Justicia, trabajamos en una propuesta que está casi lista para someterla a consulta previa, es un decreto reglamentario de los decretos leyes que regulan la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda, este decreto casi copia y paga las propuestas de la norma sombrilla en esos temas, tanto todo lo que trae en de comisión de la verdad y la Unidad de búsqueda de personas desaparecidas, el enfoque étnico se recogió materialmente, pues sus propuestas están introducidas en la norma, entonces pronto les llegará para consulta previa este decreto.

En consecuencia, este el día 20 de junio de 2017 se estableció un acuerdo entre el Gobierno Nacional y las Organizaciones de la MPC que dice:

Frente a la Consulta Previa de las iniciativas legislativas que está proponiendo el Gobierno Nacional, se establece un cronograma para activar la ruta metodológica de la Consulta Previa de las siguientes iniciativas legislativas, en el marco de la ruta metodológica pactada:

• El Decreto del componente étnico de la Comisión de la verdad y Unidad de búsqueda de personas desaparecidas.

Acuerdo que fue incumplido por parte del Gobierno Nacional, pues como se menciona, la norma no fue consultada y no cuenta con el componente étnico.

SEGUNDO. El derecho a la verdad de los pueblos indígenas en los términos del Decreto 4633 de 2011. Recordamos que durante la consulta del Decreto Ley 4633 de 2011 propusimos crear una Comisión de la Verdad que rindiera cuentas sobre el riesgo de exterminio físico y cultural que generó el conflicto armado sobre nuestros pueblos. Sin embargo, el Gobierno nacional afirmó vehementemente que no había condiciones para garantizarla, pero que una vez existieran, seríamos parte integral de ella.

Ahora, cuando el Gobierno tiene el deber de crear y reglamentar aquella Comisión, excluye a nuestros pueblos de un componente esencial para nuestra pervivencia física y permanencia cultural, vulnerando de esta manera nuestro derecho irrenunciable a la verdad, el cual, además, constituye una garantía de no repetición contenido en los artículos 31 y 126 del Decreto Ley 4633 de 2011).

En ese orden, el Decreto Ley 4633 de 2011 establece que el Estado tiene la obligación de adelantar todas las medidas conducentes al esclarecimiento de la verdad frente a las violaciones de las que hemos sido víctimas (art. 3). Para tal efecto, el decreto dispone que la verdad hace parte de la reparación integral y el restablecimiento del equilibrio y la armonía de los pueblos indígenas (art. 5); que las autoridades indígenas, en su condición de autoridades públicas de carácter especial, tendrán acceso libre y permanente a los documentos y demás medios o fuentes de información que consideren necesarios para el esclarecimiento de la verdad de las violaciones (art. 12); que el fundamento axiológico del derecho a la verdad consiste en el respeto a la vida, a la integridad, a la honra y al buen nombre de los pueblos indígenas (art. 20); que el Estado garantizará el derecho inalienable e imprescriptible de los pueblos indígenas a conocer la verdad sobre las vulneraciones históricas y actuales a sus derechos humanos e infracciones al DIH y honrará el significado que la palabra representa para los pueblos indígenas, en tanto proporciona una salvaguarda fundamental contra la repetición de tales violaciones (art. 31); que la verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad constituye una medida de satisfacción encaminada a la reparación integral de nuestros pueblos (art. 120.a); y que el Estado tiene la obligación de concertar una metodología de esclarecimiento de la verdad desde la perspectiva de las propias víctimas indígenas (art. 122).

Lo anterior es coherente con lo previsto en el derecho internacional a partir del Conjunto de Principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, cuyo Principio Sexto, en lo relativo a la conformación de las comisiones de la verdad, es explícito en aconsejar la participación de aquellas personas directamente interesadas. He aquí el tenor literal del citado principio:

En la mayor medida posible, las decisiones de establecer una comisión de la verdad, definir su mandato y determinar su composición deben basarse en amplias consultas públicas en las cuales deberá requerirse la opinión de las víctimas y los supervivientes.

Deben realizarse esfuerzos especiales por asegurar que los hombres y las mujeres participen en esas deliberaciones en un pie de igualdad.

Teniendo en cuenta la dignidad de las víctimas y de sus familias, las investigaciones realizadas por las comisiones de la verdad deben tener por objeto en particular garantizar el reconocimiento de partes de la verdad que anteriormente se negaban.

TERCERO. EL Impacto desproporcionado del conflicto armado frente a pueblos indígenas, recordando también que en el auto 004 de 2009 y demás autos de seguimiento a la T-025 de 2004 la Corte Constitucional ha establecido que el conflicto armado y sus factores subyacentes y vinculados han afectado de manera diferencial a los pueblos y las mujeres indígenas, al punto de conducirnos al riesgo de exterminio físico y cultural. Por lo cual, toda medida de reparación, que sin duda incluye el derecho a la verdad en sus múltiples facetas, deben ser consultadas y obtener su consentimiento.

Nosotros los pueblos indígenas, en tanto hacedores milenarios de paz, somos conscientes y concurrimos en la defensa del valor supremo de la paz como derecho colectivo. No podemos más que acoger con beneplácito los esfuerzos que el Gobierno nacional y las FARC-EP han puesto en la elaboración e implementación de los acuerdos para la terminación del conflicto armado. Reconocemos también la dificultad del contexto político nacional actual caracterizado por una aguda polarización que dificulta su implementación.

Objetamos, no obstante, que aquel valor supremo al que todos en este momento dedicamos nuestros esfuerzos y energías, sea utilizado para disminuir los estándares democráticos y participativos que tanto esfuerzo nos ha costado construir. El derecho a la paz no puede de ninguna manera convertirse en cortapisa de otros derechos que, como el de la consulta previa, han venido ganando terreno como conquista democrática del Estado Social de Derecho con que la Constitución Política de 1991 nos puso a soñar.

Ciertamente nos encontramos ante un momento excepcional en el que encaramos la construcción de una sociedad donde las diferencias ideológicas se tramiten en el terreno del diálogo civil y no a través del ruido de los fusiles. Pero hemos de ser cuidadosos y recordar cuánto daño le ha hecho a nuestra democracia el gobierno a través de la excepcionalidad, usado una y otra vez para disminuir a su mínima expresión posible las libertades civiles y políticas. De modo que compartir la importancia de la paz y reconocer el momento excepcional en que nos situamos, no es motivo suficiente para avalar silenciosamente la disminución de la participación democrática que debería ser el faro que guíe la construcción colectiva de las normas que desarrollan el Acuerdo Final. No permitamos que la excepcionalidad se convierta en la norma, no demos un paso atrás en las garantías democráticas que hemos venido erigiendo.

CUARTO. El impacto desproporcionado del conflicto frente a las mujeres indígenas. En ese sentido, garantizar la participación de las mujeres indígenas víctimas del conflicto, asegurando su dignificación y contribución en la satisfacción de su derecho a la verdad en particular, y en general de sus derechos a la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición, siempre teniendo en cuenta el pluralismo y la equidad. Todo lo anterior debe contribuir además a la transformación de sus condiciones de vida.

Cerca de cumplirse una década de la expedición del auto 092 de 2008, las mujeres indígenas no cuentan con el programa de protección de derechos. Ni tampoco garantías en la implementación de los acuerdos que den cuenta de sus perspectivas como mujeres indígenas.

Sus historias de resistencia y resiliencia a través de los Conocimientos Tradicionales en la reconstrucción de la memoria, son la piedra angular para la construcción de paz en los territorios, puesto ellas han sido, son y serán tejedoras y garantes del tejido social y la memoria colectiva de los pueblos indígenas.

 

POSICIÓN DE LAS ORGANIZACIONES INDÍGENAS

A pesar de la importancia y peso de los argumentos que acá exponemos, para los Pueblos y Organizaciones Indígenas la construcción de paz es un proceso que reviste toda la importancia social, política y jurídica, por esto solicitamos a la Honorable Corte Constitucional declarar la CONSTITUCIONALIDAD del Decreto Ley 588 de 2017 mediante sentencia modulada, en términos de adoptar las medidas que garanticen el ejercicio del derecho a la verdad, sobre hechos que afectaron a los pueblos, a sus integrantes y a sus territorios, en la marco del reconocimiento que ha hecho la legislación nacional sobre el territorio entendido también como víctima para las comunidades y pueblos étnicos y que la Corte Constitucional advierta medidas tendientes a garantizar que los esfuerzos institucionales para la consecución de la verdad de los hechos que desataron y mantienen la larga guerra en este país, considerará de forma especial, la investigación y esclarecimiento de los hechos que han puesto en riesgo cultural y físicamente a los pueblos indígenas y a las mujeres integrantes de estos pueblos en el marco del conflicto.

De este modo, los pueblos indígenas solicitamos de manera explícita a la Corte Constitucional:

1. Investigaciones específicas tendientes a esclarecer hechos cometidos en el marco del conflicto que afectaron a las mujeres y pueblos indígenas así como a sus territorios.

2. Participación de los pueblos indígenas en la construcción de metodologías y elaboración de investigaciones en relación con hechos que afectaron a las mujeres, los pueblos y sus territorios.

3. Un capítulo especial del informe de la CEV en relación con afectaciones causadas a las mujeres indígenas en el marco del conflicto.

4. La participación de las mujeres indígenas en la construcción y metodologías de la CEV, para garantizar que sus perspectivas de resistencia y resiliencia sean incorporadas.

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